Unidas Por Extremadura plantea que la aplicación de la subida del SMI sea un requisito imprescincible a la hora de conceder subvenciones
Unidas Por Extremadura ha mantenido este lunes varios encuentros con organizaciones sindicales y sociales para presentarles la iniciativa que se defenderá en el próximo pleno para que en nuestra región se cumpla con la obligación legal de aplicar la subida del SMI a todos los trabajadores y trabajadoras.
El diputado, Joaquín Macías, ha comentado que “nos estamos encontrando con que hay multitud de empresas y administraciones públicas en Extremadura, como ayuntamientos o mancomunidades, que no están cumpliendo con la ley”.
Por ello, Macías ha explicado que la propuesta de impulso que defenderá en el pleno de la Asamblea contempla que “la Junta de Extremadura incluya, como requisito previo a conceder cualquier tipo de subvención, que se cumpla con la subida del Salario Mínimo Interprofesional”.
El diputado de Unidas Por Extremadura considera una contradicción que se esté otorgando dinero público a empresas o administraciones que no han aplicado esa subida salarial y asegura que con esta iniciativa “se ayudaría mucho a familias y trabajadores que están pasando por condiciones muy difíciles”.
De hecho, Macías ha recordado que nuestra región es la comunidad autónoma con los sueldos más bajos de todo el país, y cree que desde la Administración regional se debería aplicar todo tipo de política que ayude a incrementar los salarios, “por eso creemos que incorporar este requisito en las órdenes previas a la concesión de las subvenciones es una medida fácilmente asumible por parte de la Junta de Extremadura”.
Utilización electoralista de las transferencias autonómicas
Por otro lado, el diputado de Unidas Por Extremadura ha afirmado que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez “está haciendo una utilización partidista de las transferencias a las comunidades autónomas”. Macías, preguntado por el desbloqueo de los 4.500 millones de euros que se tienen que transferir a las autonomías, ha asegurado que es “difícilmente creíble” que lo que antes la Abogacía del Estado no permitía, “ahora, con la convocatoria de elecciones, se pueda hacer por obra y gracia del gobierno”. “Es despreciable -ha añadido- que se gestione de esta forma los fondos públicos que son necesarios para mantener servicios esenciales como la Sanidad, Dependencia o Educación”.
