Unidas por Extremadura pide aumentar los recursos en Extranjería para acabar con la demora para renovar los pasaportes

Unidas por Extremadura ha presentado y aprobado una propuesta de pronunciamiento ante el Gobierno Central para que desde la Asamblea de Extremadura se inste al Gobierno de Sánchez a acabar con la demora en las citas previas en Extranjería con el objetivo de “reafirmar y promover los derechos de las personas con independencia de su nacionalidad y garantizar un servicio administrativo eficaz, igualitario, simple y eficiente”.

Joaquín Macías, quien ha sido el encargado de defender esta propuesta en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales celebrada este lunes, ha denunciado que “lo primero que se resiente cuando llega una crisis son las políticas migratorias”. Por ello, ha destacado que “todo lo relacionado con las migraciones va a seguir siendo de atención y manipulación política, sin embargo, no deberíamos perder la perspectiva de la política internacional, sino fijarnos en que detrás de estas cosas hay personas, familias que viven en la completa indefensión”.

El diputado ha denunciado que “miles de personas no pueden renovar sus residencias por falta de personal en Extranjería, trámites asignados a la Policía Nacional, que están desbordados por la falta de personal, sin que introduzcan nuevo personal funcionario”.

Así, Macías ha defendido que “no deberíamos permitir que el discurso xenófobo y racista de la extrema derecha se normalice y condicione las políticas de migración. En Extremadura tenemos una empatía muy necesaria como pueblo, ya que tenemos a gran parte de los nacidos aquí viviendo fuera de nuestra región”.

El diputado ha aprovechado su intervención para destacar la labor que durante la pandemia han llevado a cabo las personas migrantes en nuestra región: “Hay muchas personas migrantes que han sido protagonistas a la hora de sostenernos con sus trabajos durante la pandemia. Esta pandemia nos señala que hay una injustica en nuestro sistema de cuidados, de dependencia, etc., trabajadores migrantes que trabajan en condiciones adversas e injustas”.

En este sentido, la propuesta, que ha salido adelante gracias al voto favorable de Ciudadanos y las abstenciones de PSOE y PP, pide “adoptar como medida extraordinaria, la prórroga de manera automática de todas las autorizaciones de residencia y trabajo de carácter permanente que hubiesen vencido tras la vigencia del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020, de manera tal que se pueda reducir la demora y paliar la saturación en las dependencias policiales, y atender de manera efectiva y con celeridad los trámites del resto de permisos y renovaciones de residencia por trabajo y estudio”, así como “adoptar como medida extraordinaria la ampliación del plazo de 90 días posteriores al vencimiento de la tarjeta de residencia a 180 días para tramitar la renovación correspondiente y evitar así la situación de irregularidad sobrevenida en el contexto de crisis por la pandemia y saturación de la administración”.

Además, exige “adoptar de manera urgente las medidas necesarias para facilitar el acceso al sistema de cita previa y reducir la excesiva demora existente para la realización de diversos trámites en dependencias policiales”. Entre ellas destacan “adecuar la plantilla de las oficinas de extranjería a la carga de trabajo; habilitar las oficinas de renovación del DNI para los trámites de extranjería y aumentar así el número de citas ofertadas; eximir de toma de huellas a todas las tarjetas que no sea estrictamente necesaria; y emprender las reformas legales pertinentes, para evitar burocracia innecesaria”.

En el cuarto epígrafe de la propuesta se habla de “seguir las recomendaciones del Defensor Pueblo de protección internacional, en lo referente al asilo y refugio, de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras que acuden a dependencias policiales a recibir un resguardo que acredite que se han personado en las mismas, para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional; así como el derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de realizar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la lleve a cabo tenga la formación necesaria para tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación sexual, su identidad de género o su vulnerabilidad”.

Joaquín Macías ha terminado su intervención destacando que “creemos que está plenamente vigente y atañe a cuestiones de Derechos Humanos fundamentales”, en sintonía con lo recogido en el último punto de la propuesta que habla de “implementar una política migratoria acorde con los derechos humanos y la defensa de los derechos de las personas migrantes”.