Las asociaciones de Apoyo a la Lactancia de Extremadura piden que los hospitales públicos sean los encargados de gestionar las pérdidas gestacionales

Las diferentes asociaciones de Apoyo a la Lactancia de Extremadura (Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva, Zafra, Cáceres, Navalmoral y Plasencia) han emitido un comunicado para manifestar públicamente su malestar respecto al manejo de las pérdidas gestacionales y perinatales por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), y denunciar la objeción de conciencia institucionalizada de facto en nuestros hospitales públicos, por los profesionales sanitarios que deberían garantizar el derecho de asistencia de las mujeres extremeñas.

El comunicado afirma que en España el aborto es totalmente libre hasta la semana 14 de gestación según lo establece el articulo 14 de la Ley del Aborto de 2010. También es legal abortar hasta la semana 22 por «causas médicas», según el articulo 15. Además, es posible interrumpir un embarazo en cualquier momento cuando haya «anomalías fetales incompatibles con la vida» o si el bebé tiene una enfermedad «extremadamente grave o incurable».

Frente a esta realidad legislativa, denuncia que la realidad institucional borra a las mujeres extremeñas este derecho. «En Extremadura no se practican abortos en ningún centro público desde hace más de 30 años y tan sólo se realizan en clínicas privadas, convirtiendo un derecho en un negocio para algunos, y despojando directamente del derecho en cuestión a quienes no puedan permitirse económicamente acceder a la sanidad privada o desplazarse a otras comunidades autónomas. De hecho, según datos de 2019 tan sólo cerca del 15% de abortos realizados en toda España fueron en centros públicos».

En la ley del aborto de los años 80, se estableció de forma extraoficial que no se practicaran abortos en la sanidad pública y nadie lo ha cambiado. Es un derecho que tenemos las mujeres, pero nadie ha hecho nada por garantizarlo y hacerlo efectivo, denuncian.

Consideran fundamental que el derecho al aborto se lleve a cabo en la sanidad pública, ya que es un servicio público. «Las mujeres debemos poder realizar una interrupción del embarazo en cualquier hospital público, hay una ley que nos ampara y así lo exigimos desde nuestras
asociaciones», señalá dicho comunicado.

«Los hospitales públicos están obligados por ley a ofrecer ese servicio y no tiene que derivar a ninguna clínica privada, provocando esto que la mujer solicitante tenga que recorrer cientos de kilómetros y afrontar esta situación lejos de su familia, muchas veces teniendo que esperar varias semanas para poder abortar, agudizando esto su miedo, culpa, vergüenza y, obviamente, su salud. Además las clínicas privadas son focos localizados para los «antiabortistas» que acosan e insultan a las mujeres que allí acuden. Rechazamos de lleno la criminalización hacia las mujeres que toman esta decisión sobre su propio cuerpo y vida, y creemos que los servicios públicos deben facilitar que este proceso sea lo menos traumático posible, efectuándolo con rapidez, eficacia y respeto hacia la mujer que decida, por sus motivos, siempre legítimos, interrumpir su embarazo», continúan afirmando.

Afirman que «la objeción de conciencia es un derecho reconocido, pero de forma individual, no es un derecho colectivo y su ejercicio no puede dejar de lado a las mujeres que requieran de este servicio. Un hospital, una provincia, una comunidad autónoma no puede objetar porque la objeción es una facultad personal del médico, de forma individual, y las instituciones y administraciones no lo pueden ejercer. Siempre se debería garantizar la presencia de profesionales que hagan posible unos servicios mínimos de aquello que la ley ampara».

«No se debe admitir una objeción de conciencia a nivel institucional, es decir, un hospital al completo no puede ser objetor porque se está vulnerando el derecho de las mujeres a abortar en centros públicos. La objeción de conciencia, en ningún caso, puede servir para denegar el servicio a las mujeres que, insistimos, están amparadas por la ley en el ejercicio de su libre elección. El hospital tiene que hacer lo que esté en su mano para ofrecer dicho servicio: hacer que venga un/a ginecólogo/a de otro centro a cubrir ese servicio o reservar varias plazas para contratar personal no objetor, por ejemplo».

A nivel psicológico, afirman que «este tipo de procesos son muy duros y requieren de un seguimiento por parte de un profesional de la psicología perinatal desde el momento en que se comunica la mala noticia en caso de aborto involuntario, pero también debería existir una valoración tras un aborto voluntario. Un tercio de los embarazos no llegan a término, pero el reconocer que el aborto es una circunstancia normal y bastante extendida, no cambia el dolor, ni debería servir para reducir su importancia para la mujer que pasa por este proceso. Creemos por ello muy necesario el disponer de este servicio por parte del SES y no tener que recurrir a profesionales privados. Es una necesidad que en estos casos se ofrezca, no sólo un trato delicado y respetuoso, sino también que esta atención psicológica sea protocolaria para todas las mujeres».

Recuerdan que en Abril de 2015 el SES se convirtió en pionero en España al publicar una guía para orientar a los profesionales que tratan con usuarios y usuarias que sufren situaciones de pérdida y duelo durante la maternidad, titulada Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. Este manual establece pautas de actuación y recomendaciones para una comunicación empática específica para estos momentos tan difíciles: validar emociones, calmar sin juzgar, facilitar que la mujer esté acompañada en todo momento, ofrecer privacidad, informar y dar opciones, etc. Desgraciadamente, este documento poco ilustra la actitud de nuestros profesionales ya que la mayoría de mujeres que han pasado por una interrupción del embarazo (voluntaria o involuntaria) se han sentido maltratadas y abandonadas por el SES.

Afirman que «también nos parece de suma importancia tener en cuenta que actualmente, en algunos hospitales de Extremadura, en una situación de amenaza de aborto o tras un aborto (de los pocos que se atienden en el SES, los de menos de 12 semanas de gestación) ingresan a las mujeres afectadas en la planta de maternidad, una planta destinada a las mujeres que han tenido un embarazo sano y un parto exitoso, lo cual no hace más que agravar la angustia y el miedo de la mujer. Debería habilitarse otra zona para estos casos, ya que la salud emocional debe cobrar la relevancia que requiere. Consideramos que esta práctica evidencia una enorme falta de empatía con las mujeres y que el SES debe revisar esta actuación, cuyos cambios son sencillos y asequibles y que nuestros hospitales deben subsanar».

Por todos estos motivos concluyen que, «desde nuestras asociaciones reivindicamos cambios efectivos en los planteamientos de nuestros centros sanitarios, que garanticen el derecho de las mujeres a que las instituciones públicas sanitarias velen de forma efectiva por su salud física, reproductiva, psicológica y emocional, en todas las etapas de su vida. Independientemente, por supuesto, de sus decisiones individuales o circunstancias».