El campo ha sido, es y será un arma de doble filo

Minifundistas frente a latifundistas, jornaleros frente a propietarios, explotaciones subvencionadas frente a las que no reciben subvención, regadío frente a secano, lluvias frente a sequía, el campo es la base de cualquier país y es el sector más diverso y heterogéneo.

El campo ha puesto el grito en el cielo ante los bajos precios de los productos, y Agroexpo ha sido la punta de un iceberg en unas manifestaciones que “casualmente” han llegado con la subida del SMI a los 950 Euros.

Un trabajador, del sector que sea, merece unas condiciones óptimas para vivir, de eso no cabe duda, de la misma forma que debería cualquier agricultor, ganadero o autónomo (quienes en muchos casos ni llegan al salario mínimo interprofesional) contar con una liquidez que le permita hacer frente a los pagos y obtener así su rendimiento económico que le permita vivir con dignidad.

Por sus condiciones, el campo ha sido siempre la excepción, contando a veces con leyes específicas (como los trabajadores de la renta agraria) que les han permitido contar con un desempleo en épocas de vacío laboral, un sector con una fuerte temporalidad, pero que podría asemejarse al sector del turismo y del ocio. Se tratan de sectores muy temporales y que requieren de unas políticas activas de empleo.

Los precios al campo no han subido durante los últimos 40 años, es cierto, la plusvalía se la llevan otros y desde Europa y los Gobiernos se han intentado discriminar de forma positiva a este sector dotando de subvenciones que han permitido paliar este desagravio económico.

Estas subvenciones de la PAC han generado derechos históricos, los que se conocen como los “cupos”, aquellos pagos a ganaderos y agricultores que tenían explotaciones en el año 2003 o años anteriores y que generaron ese derecho para compensar estos bajos precios. Este sistema pudo ser eficaz en un principio, pero hoy ha dado lugar a “los agricultores de sofá”, dos de cada tres agricultores que cobra la subvención no cultiva ni trabaja la tierra ni cría ganado, datos del informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Según recoge Agroportal.pt, según los datos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), en las cinco mayores ciudades españolas están domiciliados 61.335 perceptores de ayudas de la PAC, casi la mitad de ellos (25.903) en Madrid.

Esta situación, no es nueva, viene de atrás, pero es curioso, que ahora sea la subida del SMI, que apenas lleva unos días en vigor, la culpable de la situación del campo.

Extremadura Activa ha estado en contacto con un trabajador del sector del campo que prefiere no desvelar su identidad, para conocer también la opinión de aquellos que trabajan la tierra por cuenta ajena, ni son propietarios ni tienen derechos históricos.

“Como trabajador del campo cuando escucho por los medios de comunicación que el aumento del paro se puede debe a la subida del salario mínimo me da que pensar, cuando hace falta mano de obra para las campañas no se encuentra y contratan a trabajadores extranjeros que trabajan por menos salario, y a la misma vez, cuando veo a algunos agricultores manifestándose por los bajos precios de sus productos, entiendo que valen igual que hace 40 años y el coste de la vida ha subido, pero antes no había subvenciones y ahora sí ¿Dónde las han invertido?” Se pregunta este jornalero. Afirma entender que “hay agricultores que están en la ruina, pero también hay otros que se han enriquecido con el campo, y no precisamente por el precio de sus productos”.

Ahora “se fijan en el salario mínimo de una persona que trabaja en el sector que no quiere nadie, de los más sacrificados, sabiendo que con ese salario una familia tiene que pagar alquiler o hipoteca y están viviendo en la más estricta pobreza”.

“Si ellos no pueden cobrar por sus productos lo mismo que hace 40 años, nosotros tampoco podemos cobrar el mismo jornal de décadas atrás”, sentencia este trabajador curtido por el sol y con unas manos ajadas por el trabajo que muchos no quieren.

Se pregunta porque con las subvenciones no han hecho cooperativas para transformar ellos los productos y dejar aquí la plus valía.

Utilizar el SMI como arma arrojadiza puede esconder detrás más un interés partidista y político que una lucha por un sector que lleva agonizando desde siempre.